SOBRE AMENAZAS Y MENOSCABOS

Según los videos que publicó 'El País', el pasado 25 de abril, el diputado de ‘Junts Pel Sí’, en el Parlamento catalán, Lluís Llach, dijo que la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. "El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los ‘Mossos d'Esquadra’ hay sectores que son muy contrarios", dijo en un acto organizado en marzo, por ‘Òmnium Cultural’ en Sant Sadurní de Noya (Barcelona). Lluís Llach también apuntó en diversas conferencias que la Consejería de Economía está preparada para sancionar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales: "Nuestras primeras declaraciones de renta reales serían en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña será sancionado. Nada más que esto. El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y de los funcionarios verá qué hace y se responsabilizará de sus actos”, recalcó.

Más bajo no ha podido caer este titiritero con sus intolerables amenazas (lo han utilizado, pero alguien debería denunciarlo en el juzgado), pero esto indica muchas cosas: los independentistas están muy nerviosos, sobre todo desde que el juez ha metido en chirona al hijo del patriarca de la independencia, Jordi Pujol. El que pregonaba “España nos roba”. Ya era hora de que el juez lo encarcelara. Cuando se recurre a estas burdas amenazas contra los ciudadanos de Cataluña, contra los funcionarios y contra los mozos de escuadra es porque carecen de legitimidad y de razones. Las encuestas indican que los independentistas están bajando, mientras que el porcentaje de los españolistas es mayor. ¿Quién va a querer una Cataluña independiente y sin futuro, fuera de la Unión Europea y, lo que es peor, de la mano de unos aventureros, que no son de fiar? Artur Mas también está imputado. Parece que no les ha servido de nada la lección de Gran Bretaña, tras su salida de la Unión Europea: la libra ha bajado y Escocia pide un referéndum para independizarse, pues quiere seguir perteneciendo a Europa. En definitiva, la orgullosa Inglaterra se ha pegado un tiro en el pie. Cada vez son menos los que creen en estos iluminados de la independencia.

El 27 de abril, la juez Mercedes Alaya hizo estas sorprendentes declaraciones, en una conferencia en Valencia, a instancias del ‘Foro de Opinión Cívico’. “Yo estoy en la Sección Séptima (de la Audiencia Provincial de Sevilla) porque no se me permitió quedarme —mediante una comisión de servicios— porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, según recoge el periódico digital ‘Valencia Plaza’. Los dardos más punzantes los dirigió contra los fiscales Anticorrupción: “No mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, apuntó la juez (algo parecido me dijo un abogado, en Granada, hace varios años). Son, precisó, “la extensión del gobierno de turno”. Según su diagnóstico, “el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación. El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y éste a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción”, dijo.

La juez también dejó jugosos titulares sobre las formaciones políticas tradicionales. Después del 15-M, “hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia”. PP y PSOE convinieron en que “no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos”, según recoge el periódico ‘Valencia Plaza’. Mercedes Alaya estaba investigando los Eres y los cursos de formación, de la Junta de Andalucía, unos dos mil millones de euros que no se han justificado. No le permitieron quedarse y su juzgado fue ocupado por la juez María Núñez Bolaños, que empezó a trocear los procedimientos, donde las responsabilidades se diluyen. A finales de abril, la Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el primer archivo de la juez, sobre una ayuda irregular de los Eres, pues, considera que “el sobreseimiento, por no encontrar intrusos fue precipitado”. En alguna prensa la tachan de juez amiga, mientras que es evidente que los partidos políticos aplican el  refrán de “hoy por ti y mañana por mí”. El “do ut des” de los romanos, doy para que des.

El 19 de enero pasado, la juez Alaya advirtió también de la paulatina y grave pérdida de independencia que padecen los jueces: “Hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son”. Esto salta a la vista, en Granada estamos hartos de ver cómo los tribunales archivan los casos, cuando afectan a políticos. Hay una vara de medir para el pueblo y otra para los de arriba, como decía el humanista Tomás Moro. La juez Alaya también se quejó, en otra ocasión, de la que policía no colaboraba con ella. De diez policías que había dedicados a los Eres, los dejaron en cuatro, comentaba un periodista de Tv13. Y es sabido que la Junta no cubría las bajas de los funcionarios, por traslado,  que se producían en su juzgado.

El 25 de abril venía este titular de la agencia Europa Press: “La Intervención General de la Junta detecta ‘irregularidades’ en la gestión de contratos de la Alhambra”. Y aclaraba que “dado que algunas de las actuaciones revisadas podrían haber ocasionado “un menoscabo de ingresos, insta al Patronato de la Alhambra a que inicie todas las actuaciones necesarias para exigir a las correspondientes autoridades y personal relacionado con las mismas a fin de recuperar las cantidades indebidamente pagadas o dejadas de ingresar por el Patronato”. Esta noticia salió reproducida en las páginas interiores de algunos medios de comunicación, hasta que buscando uno se entera que el citado menoscabo de ingresos es un agujero de más de seis millones de euros, en más de 200 contratos, donde está imputada la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca. El juicio sobre las entradas a la Alhambra tardó bastantes años, de manera que algunos encausados murieron antes de celebrarse, me dijo uno. Está visto que alguien tendrá que escribir ‘Las cuentas de la Alhambra’.

Cuando fueron imputados los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros veinte excargos de la Junta, por los 854 millones de euros de los Eres, su presencia en los medios pasó casi desapercibida y apenas salieron en la televisión. A la presidenta, Susana Díaz, le faltó tiempo para decir que creía en la inocencia de los expresidentes y esperaba que salieran absueltos. A esto hay que añadir que al juez Pedro Izquierdo, exalto cargo de la Junta, le ha tocado llevar el caso de los Eres de los expresidentes, por lo que ha sido recusado por el PP. ¿Alguien piensa que Chaves y Griñán saldrán condenados? Hace unos días, el periodista Alfonso Rojo dijo: “El País le dedicó 92 portadas a los trajes de Manuel Camps (el expresidente de la Comunidad de Valencia), que ascendían a 15.000 euros”. Y no digamos el tiempo y los titulares que le dedicaron los medios de comunicación a la malograda Rita Barberá, por los mil euros que recibió.

No es difícil imaginar la de portadas que les hubieran dedicado algunos medios, si el dichoso menoscabo de ingresos en la Alhambra, o los 854 millones de los Eres, los hubieran protagonizado Rita Barberá, Manuel Camps o el exalcalde de Granada, Torres Hurtado? Está visto que pedir objetividad  a la hora de informar, en algunos medios, es pedir demasiado. Lo cierto es que tenemos una democracia enferma y, lo que es peor, de las más corruptas de Europa. Los partidos tradicionales no han sabido regenerarse ni apartar a los corruptos (más bien, los han protegido) y este desencanto ha dado lugar a que los ciudadanos voten a los nuevos partidos. Pero estos dejan mucho que desear, andan entre el populismo leninista de Iglesias y la falta de madurez de Rivera.